Eliminar prácticas machistas y violentas implica acabar con jerarquías

• Los sistemas jurídicos, educativos, políticos, económicos e incluso familiares son patriarcales, asegura la investigadora Luz Janet Vázquez. Visibiliza la necesidad de fiscalías especializadas para proteger a defensores de Derechos Humanos

El sistema político, jurídico, económico –incluyendo el familiar– son patriarcales y, por tanto, todas las personas que formamos parte de una familia o que formamos parte de un sistema somos patriarcales; en ese sentido, nuestros sistemas gozan de una jerarquía, la cual permite el ejercicio del poder, aseguró la maestra Luz Janet Vásquez González, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

«Si queremos eliminar nuestras prácticas machistas y violentas tenemos que acabar con las jerarquías. Y eso va a costar mucho trabajo. No podemos pretender igualdad cuando hay una estructura y una jerarquía. ¿Cuándo vamos a lograr la igualdad si tenemos un esquema, una estructura social jerarquizada? Nunca. Ahí está una contradicción clara», señaló.

Por lo tanto, «aunque se haya buscado la igualdad por parte de las feministas a través de la legislación, nunca la vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos una jerarquía».

Comentó que, según teóricas como Catharine MacKinnon, es imposible lograr la igualdad mientras subsistan las jerarquías. «Los sistemas patriarcales buscan sobrevivir, priorizando su estructura sobre la igualdad material», dijo.

«Tomamos como pretexto la existencia y la obligación que tenemos de cuidar los derechos del victimario. Entonces, ¿qué derechos estamos cuidando? ¿Los de la víctima o los del victimario? Esa es una cuestión que subsiste y persiste en todo momento, sobre todo cuando tenemos autoridades que desconocen lo que significa ‘perspectiva de género’. Queremos ser neutrales, queremos ser objetivos, queremos ser respetuosos, pero a quien estamos perjudicando invariablemente es a la víctima», asentó.

Dijo que, aunque la UACM cuenta con un protocolo contra la violencia desde 2022 –un instrumento inicial para abordar el problema–, su aplicación efectiva se ve obstaculizada si las personas no modifican sus «estructuras subjetivas» y toman conciencia de cómo favorecen o perjudican. «La Recomendación General No. 33 del Comité de la CEDAW subraya la obligación de los Estados de modificar normas que mantengan la discriminación y los obstáculos de las mujeres al acceso a la justicia. Estos obstáculos no son sólo normativos, sino también en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades (agentes del Estado)», indicó.

En ese sentido, Vásquez González llamó la atención a las reacciones –por parte de las personas agresoras– contra aquellas mujeres que han defendido a otras mujeres en condiciones de violencia. Esta situación, añadió, visibiliza la necesidad de fiscalías especializadas para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de violencia por parte de las estructuras sociales. «Creo que ahora mi línea (de investigación) profundizará en ello: documentar cómo y de qué formas puede ser violentada una persona que forma parte de una estructura de defensa de mujeres», puntualizó.

Finalmente, la investigadora concluyó que el trabajo por la igualdad también es personal. «La modificación es personal y ya es momento que dejemos de responsabilizar a las feministas de las transformaciones sociales o no. Es momento de hacernos responsables de que sí ocurran y por qué nosotras y nosotros decidimos tomar conciencia».

Luz Janet Vásquez González es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM. Especialista en violencia de género contra las mujeres (FLACSO y CLACSO), y su trayectoria se centra en el acompañamiento, defensa y representación de mujeres víctimas de violencia doméstica/familiar. Es profesora-investigadora en la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), adscrita al Plantel Cuautepec.

Llegó a la UACM en 2008 motivada por el Programa de Educación Superior para Centros de Reinserción Social (Pescer); el programa imparte la Licenciatura en Derecho en Reclusorios, cumpliendo con el principio de inclusión y ofreciendo educación superior presencial donde no la hay. Estuvo adscrita al plantel San Lorenzo Tezonco, pero el crecimiento de estudiantes liberados y la necesidad de integrarles sin estigmas, así como la falta de oferta de Derecho en la zona norte, llevaron a la apertura de la Licenciatura en el Plantel Cuautepec. ♦

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