Usos y costumbres. Autonomía incluyente para los pueblos de Tlalpan

• Existe una relación entre la gente y la tierra que reivindica su voluntad de permanecer en calidad de pueblos y exigir los derechos constitucionales que la definición territorial les otorga

Por Gilberto López y Rivas* | Revista Nosotros, Núm. 49 | Mayo de 2002

Los pueblos originarios de Tlalpan se encuentran inmersos en un proceso de transformación que hace necesario repensar hacia dónde promover una alternativa de desarrollo. El avance anárquico y acelerado de la mancha urbana ha provocado conflictos y rupturas con antiguos modos de vida, con las actividades eco0nómicas y, en consecuencia, ha habido un deterioro de las formas de organización social colectiva, lo cual amenaza las posibilidades de desarrollo de los pueblos a partir de sus identidades diferenciadas.

Otro factor que se debe considerar es la falta de apoyos institucionales para el sector productivo, ello ha provocado la venta «hormiga» de terrenos, la explotación desmedida de madera, la extracción de tierra, así como la invasión de predios por parte de sectores que no tienen capacidad económica mpara acceder a una vivienda digna.

La tenencia de la tierra constituye uno de los problemas centrales a resolver, ya que se enfrenta una situación general de irregularidad jurídica entre quienes detentan la propiedad formal de mla tierra y quienes la poseen de hecho; estos últimos, en muchos de los casos, no cuentan con los recursos jurídicos para acreditarla.

En este contexto, la relación entre la población originaria y los llamados avecindados representa tensión permanente que se expresa en el derecho a la posesión de la tierra y en el acceso a los servicios, en las formas de apropiación, convivencia social y cultural enraizadas en los usos y costumbres y, por tanto, en el desdibujamiento de una identidad colectiva e incluyente.

Ante esta situación, el sentido y espíritu de lo que representan los usos y costumbres en su acepción más propositiva, corre el riesgo de vaciarse y quedarse como una bandera que puede ser utilizada por individuos con intereses particulares que, más allá de cobijar o expresar los derechos colectivos, tiendan un velo que oculte tanto la descomposición o ruptura del tejido social comunitario, como la capacidad de propuesta de sectores y liderazgos con vocación democrática.

La relación entre originarios y avecindados

Sin embargo, plantear la relación entre originarios y avecindados, como única tensión, impide analizar, en su justa dimensión, la complejidad que significa la construcción de la identidad colectiva. Los jóvenes y las mujeres, entre otros grupos y sectores, no necesariamente se reconocen en las formas de representación existentes, ni tienen la oportunidad real de ser parte de ellas, por eso es importante potenciar sus capacidades organizativas.

Con todo, un peculiar germen de resistencia está floreciendo. En gran medida, la misma violencia de urbanización genera una concientización y politización de los principales actores (políticos y sociales) de los pueblos que les conduce a iniciar un proyecto de reconstrucción y de autoafirmación que debe inscribirse en el espíritu que animó la firma de los Acuerdos de San Andrés, los cuales, en esencia, reconocen las autonomías indígenas como una nueva forma de organización del Estado y la nación mexicana.

En un mundo contradictorio en el que las formas neoliberales de vida, la lógica del mercado, la ley de la oferta y la demanda y el capitalismo salvaje se imponen, es urgente que, uniendo nuestras voces y nuestros esfuerzos, hagamos florecer un proyecto alternativo que detenga el proceso de desintegración social y recupere lo mejor de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra tierra y de nosotros mismos. Debemos construir un presente alternativo que podamos heredar a las generaciones futuras.

Hacia la construcción de la autonomía y sujetos colectivos de transformación

En los últimos decenios se han gestado modalidades alternativas a la figura del Estado-nación capitalista, que se centran en la idea de autonomía de diferentes tipos. En este marco de negociación, entre la figura monolítica del Estado-nación y los reclamos de autonomía, se puede avanzar hacia un proceso de autonomía de carácter incluyente, como modelo alternativo para los pueblos indígenas y de origen indígena.

Para ello, es preciso abordar el concepto de autonomía. Cuando hablamos de autonomía, como figura alternativa, nos referimos a la forma en que algunos pueblos han propuesto articular sus derechos colectivos con las estructuras jurídico-políticas existentes en cada lugar. Porque, contrario a lo que los detractores de las autonomías se han encargado de difundir, no se trata de desligarse del Estado-nación. Quienes sostienen lo anterior no entienden en absoluto el concepto de autonomía; se trata de construir un régimen autonómico que abra la posibilidad del autogobierno, y con ello, la del respeto a la libre determinación en función de mecanismos propios y autogestivos. Lo que los sujetos autonómicos proponen es pasar a una forma de Estado-cultural, para construir una forma actualizada de Estado-nación en beneficio de los derechos colectivos y la defensa de las especifidades étnicas.

En este sentido, tal como lo muestran las diversas experiencias en América Latina, y en muchas partes del mundo, el Estado-nación debe ser capaz de involucrarse en un proceso de diálogo y negociación, porque no se trata de balcanizar, separar, tampoco se trata de la distribución de competencias jurídicas o normativas o de un mero arreglo administrativo para una región. No se trata de que el estado «otorgue» ciertas prerrogativas y «permita» algunos cambios par4a dar paso a una figura formal de autogobierno, ni tampoco de utilizar la autonomía como una forma de segregacionismo.

El significado de las autonomías

Las autonomías, reconocidas en el marco político-jurídico del Estado-nación, suponen el establecimiento de un autogobierno que asuma las competencias y haga uso de los recursos para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en otras leyes. Este es el principal elemento constitutivo de un proceso de autonomía, de un sujeto autonómico colectivo de transformación democrática con base territorial e identidad socio-étnica. Un sujeto no sólo con la capacidad de representar con consenso los intereses de la colectividad, sino de constituirse en el interlocutor legítimo, implicado en el proceso de negociación y diálogo.

Así, la autonomía no se puede afianzar a una sociedad por decreto. Cualquier proyecto de transformación social, por más noble que sea, tomará la forma del tejido social que exista, sobre todo, si este proyecto no está enraizado, construido y apropiado por los propios habitantes de la localidad. Es necesario un proyecto de transformación social que asuma un objetivo político y un método de trabajo para la construcción de la democracia entendida como sistema político y como forma de vida.

Las experiencias de otros países y movimientos nacionales nos han mostrado que si no existe un sujeto colectivo con capacidad de organización que genere consensos y propuestas de interés colectivo, las posibilidades de avanzar en la construcción de autonomía resultarán escasas. No sólo se trata de la voluntad de los gobiernos democráticos, sino de que las propias comunidades alienten la figura sujeto autonómico colectivo de transformación, que promueve la capacidad de involucrarse en el proceso de diálogo y negociación. Frente a los reclamos de respeto a la libre determinación, al desarrollo de una economía regional sustentable, a la defensa de una identidad cultural y formas de autogobierno, los procesos autonómicos se enfrentan a sujetos y visiones involucrados con una economía de mercado auspiciada por el Estado-nación liberal y por una lógica de poder de la cultura hegemónica.

Esta circunstancia alcanza también la cuestión territorial. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el 38 por ciento del territorio está constituido por regiones autónomas; es decir, se presentó una situación en la que el sujeto autonómico desarrolló representatividad territorial desde el punto de vista de la conformación espacial del Estado-nación. Otro ejemplo lo constituye el Ejército Zapatista, que pone en práctica un mecanismo para reafirmar regionalmente las autonomías de hecho. En la actualidad, el Ejército Zapatista mantiene la hegemonía en 39 municipios autónomos. Lo que tenemos, en el caso de Chiapas, es un modelo autonómico de carácter incluyente, fundado en la figura de los municipios autónomos de hecho, pero no reconocidos por un gobierno que es incapaz de entender las demandas de autonomía y de restablecer los procesos de diálogo y negociación.

Las autonomías en Tlalpan

Un proceso autonómico incluyente para Tlalpan está vinculado a la capacidad de los propios  pueblos para constituirse en sujetos autonómicos representativos del interés general, en el marco de los lineamientos jurídico-políticos del Estado-nación, que a su vez tendría que participar de esta transformación.

En este país, en general, y en Tlalpan, en particular, aún no existe una autonomía de naturaleza formal, ya que todo el proceso se quedó detenido por el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión que no aceptaron la ley Cocopa. Emn los pueblos aledaños a la mancha urbana se podrían aplicar derechos de naturaleza regional, administrativa y/o territorial, pues existe una relación entre la gente y la tierra que reivindica su voluntad de permanecer en calidad de pueblos y exigir los derechos constitucionales que la definición territorial les otorga.

En el caso de la Ciudad de México, nuestro actual gobierno democrático todavía no ha manifestado su interés por vincular los procesos autonómicos con los casos de los pueblos aledaños a la mancha urbana, a pesar de ver que el modelo liberal del estado-nación ha desembocado en una situación dramática de desarticulación social y territorial de los pueblos.

En el gobierno de Tlalpan hemos dado muestras de voluntad y hemos manifestado nuestra convicción de defender los derechos políticos y sociales de los pueblos, no obstante las limitaciones de orden legal y normativo. Algunas de las acciones de mayor relevancia en las que hemos avanzado, son las siguientes:

– Desde la administración anterior se dio inicio con un proceso de elección popular de las autoridades delegacionales de los pueblos y, posteriormente, en mi calidad de jefe delegacional, designé a las autoridades así electas, como lo marca la ley.

En tanto exista la voluntad de los gobiernos democráticos de la Ciudad de México, debemos alentar prácticas que promuevan la generación de procesos autonómicos como modelo de desarrollo de los pueblos.

La elección en sí misma no asegura el proceso autonómico al que aspiramos, sin el soporte del tejido social corremos el riesgo de alimentar las viejas prácticas paternalistas y «caciquiles» que priorizan el liderazgo e interés personal y subordinan el bien colectivo.

– A través de la Dirección de Tenencia de la Tierra hemos realizado mesas de trabajo con los asentamientos irregulares para buscar, de manera conjunta, alternativas de solución a esta problemática y hemos brindado asesoría para la regularización ante las instancias correspondientes.

La Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, hoy Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, ha mantenido una vigilancia permanente, junto con la Dirección General de Jurídico y Gobierno, para impedir nuevas invasiones en zona de reserva ecológica y detener la tala de árboles y el saqueo de tierra por particulares.

Sin embargo, toda acción de gobierno resultará insuficiente si los habitantes de los pueblos y el gobierno delegacional, no logramos presentar un frente común en la búsqueda de alternativas que sienten las bases de una nueva relación que permita trascender los tiempos administrativos.

La conflictividad social y territorial existente, así como las posibilidades de restablecer lo esencial de la estructura cultural de los pueblos, en la dirección de un desarrollo estable y sano, requiere que sus habitantes decidan y vigilen su propio desarrollo. Por esta razón, creemos que la alternativa está en una forma de autonomía incluyente que parte de las circunstancias actuales y se promueva desde la base política de cada pueblo.

Este proceso ya está en marcha, lo que tenemos que hacer es avanzar en los consensos necesarios entre los originarios, los comuneros, los ejidatarios, los avecindados, los productores, las autoridades locales, las autoridades delegacionales, los jóvenes y las mujeres, para que el espacio público sea expresión y confluencia de intereses colectivos.

En un encuentro donde confluyen personas y organizaciones de los Ocho Pueblos de Tlalpan, queremos seguir fortaleciendo esta relación en un marco de diálogo y respeto mutuo, desde los niveles de competencia de cada una de las partes, para contribuir a un proceso de autonomía y construcción de sujetos colectivos de transformación democrática.

Cuando las voluntades se juntan, los corazones florecen. ♦

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* Jefe delegacional en Tlalpan. Antropólogo, ensayista y político mexicano, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Texto leído en un encuentro con organizaciones de los ocho pueblos de Tlalpan el 13 de abril de 2002.